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14 de agosto de 2016

¡Infelices 90!

Para añadir a la famosa efemérides caribeña del 13 de agosto, va la reposición de una ínfima cuña distintiva de la dictadura que viene padeciendo Venezuela, con la asimilada oprobiosa batuta castrista. Coincidiendo con la fecha se consuma en Caracas la injusta  privación de libertad del dirigente  Leopoldo López, condenado a 14 de prisión.
Publicado originalmente en:
enfoques365.net,
Opinión
Dom, 5 de Diciembre 2010


La gráfica es del 27 de Febrero de 2004 en la avenida Libertador de Caracas, y la acción completa pudo ser vista por televisión en aquella fecha. La persona que es lanzada al suelo es Elinor Montes, quien a pesar de la violencia se aferra a la bandera nacional que lleva en su mano, y al pañuelo blanco señal internacional de las misiones de paz y, en su caso, también le sirve de rudimentaria protección para la inhalación de gases lacrimógenos dispersos a su alrededor. Quienes la rodean cuentan con las máscaras militares para esos recios fines. “La fuerza del carácter con frecuencia no es más que debilidad de sentimientos”, según Arthur Schnitzler, médico y escritor de nacionalidad austríaca, admirado por su contemporáneo Sigmund Freud.

En la historia oficial quedó registrada la gesta marcial de 2004, en el testimonio del propio Presidente de la República, quien una semana después, en acto con representantes del Cuerpo Diplomático, dio su inapelable versión, se trató de: "una especie de Juana de Arco que ahora consiguió la oligarquía venezolana...Una dama provocando, escupiendo en el rostro a las muchachas de la Guardia Nacional".

Tan inapelable fue ese dictamen que, según reportes de esas fechas, el Comandante del Regional 5 de la Guardia Nacional en oficio del 24 de marzo recoge la versión presidencial y se refiere a "la ciudadana Elinor Montes, quien agredió y desarmó a un guardia nacional (femenina)". El 17 de junio Elinor Montes fue citada a declarar ante un Fiscal Militar Especial que la investigaba por la "presunta comisión de un hecho punible de carácter penal militar", en base a la denuncia interpuesta por la efectiva de la Guardia Nacional Glenda Nieto Ruiz de una supuesta agresión de que fue víctima el 27 de febrero de 2004 en la Avenida Libertador.

A aquel caso le han seguido otros de mayor gravedad, hasta llegar al extremo de hoy con la doctora María Lourdes Afiuni, quien está viviendo la inclemencia de la puesta en escena de distintos poderes públicos venezolanos mediante papeles blindados de un guión cuyas partes principales de nuevo se repiten, en esta ocasión por haber otorgado libertad condicional al ciudadano Eligio Cedeño, contrariando puntos de vista gubernamentales.

De acuerdo con el pronunciamiento del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, la detención de la jueza María Lourdes Afiuni, de la que se cumplirá un año el diez de diciembre, la semana entrante, sería “INCONSTITUCIONAL E ILEGAL, debido a que el Código Orgánico Procesal Penal establece que uno de los principios esenciales del debido proceso es el de la AFIRMACIÓN DE LA LIBERTAD”.

“La jueza Afiuni, se encuentra recluida en condiciones indignas… no se le ha garantizado el derecho a la defensa y al debido proceso establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela… La jueza es trasladada al tribunal penal esposada, y así, tiene que revisar su expediente. No tiene protección especial en el penal donde se encuentra recluida pese a que ha sido victima de varios hechos de agresión e intentos de asesinato…se ignora el informe psiquiátrico donde se determina que presenta muestras de fatiga, debilidad y agitación psicomotrìz, producto de las condiciones de reclusión en que se encuentra”.

En una información del periódico ABC.es, del pasado septiembre 23, se decía que “En tres ocasiones, el mandatario venezolano ha afirmado: “¿Cómo es posible que una juez se preste a esa vagabundería de liberar a Eligio Cedeño? Está bien presa y pido que se le aplique todo el peso de la ley. Hay que pasarla por las armas. Ella es una delincuente”. Quizás esa fue la información procesada por Trinidad Jiménez, la Ministra de Asuntos Exteriores de España, para concluir que en Venezuela no hay presos políticos. Pura fuerza de carácter.

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