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24 de enero de 2014

DOMINGO 7: Tokio vs. TV



El trajinado lugar común de “la realidad supera a la ficción” pareciera demasiado enredado de entender, en especial para los programadores de las ocurrencias de políticas públicas de la República Bolivariana (“RB”). Al efecto dañino de excesos de mimos, tolerancia, permisividad, los cuales son harto reconocidos como pesados antecedentes de malas conductas, ahora aparece, una vez más, la musiquita cansona de la intervención de la televisión para que pague las culpas de la irresponsabilidad de otros.

Entonces, la falta de castigo  o de medidas contra la impunidad no tendría ninguna urgencia en la “RB”, y de allí  la desbordada complacencia y connivencia de las autoridades con malhechores arrestados, como el ejemplo fresco en la cárcel de Tocorón, en la cual estos regentan su propia “Disco Tokio”, dentro del mismo penal.  De allí que los ataques a la programación de los canales nacionales e internacionales de TV, no pasan de burla cruel si se les comparan con el silencio sobre la muerte de Kenlin Alexandra Durán Contreras, de 18 años de edad,  a quien  sacaron intoxicada con estupefacientes tras un fin de semana de fiesta, encerrada con los reclusos, en la mencionada discoteca. 
 
Josué Fernández 

Por el lado de falta de castigo o de razones para escarmentar en “RB”, la prensa recoge la vista gorda que refleja cuán consentidos viven los “privados de libertad” –corrección oficial para denominar a los delincuentes detenidos–, expresada igualmente en Tocorón en su catálogo de diversiones “5 estrellas” que incluyen strippers, músicos y “DJ” para animar las fiestas, además del aprovisionamiento correspondiente de bebidas alcohólicas. Otras facilidades bajo el control de los “prisioneros” son cancha de bolas criollas, y piscina, además de una panadería, un parque infantil, puesto de teléfonos, finca con unos 50 cerdos, todos en negocios estimados en un tercio de millón de  U.S.A dólares al mes, según la paridad reconocida por el gobierno. En especie de plan nacional en progreso, el caso se repetiría con variaciones menores en el penal de San Antonio, en la isla de Margarita.

A la falta de medidas contra la impunidad que desnudan los beneficios anteriores –pero que no se detiene allí– se añadiría la comodidad que implica el estar preso en ciertas cárceles de “RB”, y estas dos causas quizás explicarían mejor el por qué de la repetición de delitos más allá de televisores, telenovelas o series policiales importadas. A pesar de los altos niveles de violencia y de hechos sangrientos –entre los peores de todo el mundo–, las autoridades no han podido explicar satisfactoriamente cómo los autores de esas tragedias se hallan con frecuencia reincidiendo por las calles de “RB”, a los pocos días de haber recibido alguna gracia judicial o gubernamental para abandonar la cárcel antes de cumplir condena.

En el tema de la delincuencia activa es tan indiscutible el record de fracasos alcanzados en “RB”, como lo es la eficiencia en el combate de esa plaga en otros países sin prestar atención al número de receptores de TV en poder de sus habitantes, y con las libertades más amplias para la recepción y transmisión de contenidos o programas –no importa de dónde provengan–, y con las simples limitaciones de horarios y advertencias a la audiencia. A diferencia de cómo defenderse de la violencia real cuando falta la acción efectiva de un régimen, a las familias cuesta nada el bloquear en sus televisores las estaciones que no desean ver, al igual que lo permiten los decodificadores de las empresas de canales por cable. Verdaderamente difícil sería, el intentar apagar a un delincuente.


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