DOMINGO 7: FLAGRANCIA y REINCIDENCIA
La
renuencia a acatar la Constitución y las leyes tal cual fueron originalmente
sancionadas describe una maña de los dirigentes de la “República Bolivariana”
(RB). No obstante, ahora sería repetición de virtual flagrancia con el
ostensible delito de la falta de juramento del Presidente Electo (2013-2019) –a la puerta de los sesenta días de vencimiento de la
fecha prescrita al efecto–, derivada de la
prórroga a una persona que pareciera inexistente tanto de palabra como de obra.
Poco
asombro en general, según precedentes ya conocidos de menosprecio al orden legítimo
como medio de ascenso al poder, violentado a partir del 4 de febrero de 1992 y empeorado después con la invertida consigna
de “Quien inventó la trampa inventó la Ley”. De allí todo tipo de dictamen que
justificaría cualquier clase de reincidencia; pero objetos de censuras y veredictos
pendientes en instancias internacionales apegadas a la legalidad, la
convivencia y el respeto ciudadano, por encima de complicidades políticas.
Solo en la “RB” se podría echar tierrita al generalizado desapego
a las leyes que viene camuflado en partes vacios de novedad sobre el estado del presidente electo que desacata la
obligatoria juramentación. Con excepción del amplio reclamo estudiantil, el
grueso de la población, alelada por medios y redes sociales se complace sin
hartarse, posponiendo exigencias públicas de atención a la inseguridad y al
crimen en las calles, la desaparición de alimentos y medicinas, el aumento de
precios y el consecuente estrangulamiento de los pobres, y todavía peor el
trato cruel e injusto a presos políticos de muy precaria salud.
Como flagrancia de hecho igualmente
calificaría la renuencia a elegir reemplazos de magistrados del Tribunal
Supremo en ejercicio irregular, al procurador general de la nación, a los rectores
principales del CNE, y los nombramientos de funcionarios pasado Diciembre 8,
2012, encaletados de contrabando en la anticipada continuidad otorgada a quien
se mantendría negado a dar muestras irrefutables de sus aptitudes para ejercer
del 2013 al 2019. La quiebra del sistema judicial conllevaría el gran peligro del destape de la anarquía, encubriendo
a aventureros y mercenarios a la caza de la corriente revuelta del río, para someter
a la población venezolana a fuerza de luto y terror. ¡Que Dios lo detenga!
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