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12 de diciembre de 2010

DOMINGO 7: LO IMPORTANTE PUEDE ESPERAR

 

Por Josué Domingo Fernández A.

La determinación oficial de aplazar lo importante, en Venezuela cuenta con una larga lista cuyo antecedente más grave se ubicaría en los trágicos saldos del deslave de Vargas de 1999. Entonces, el foco estuvo puesto en la aprobación de una Constitución Nacional a través de referendo, el 15 de diciembre de 1999. Las víctimas de aquella fecha debieron esperar por el cese de la euforia triunfalista en medios gubernamentales para comenzar a recibir algún auxilio en respuesta tardía a su clamor desde hacía muchas semanas atrás, cuando ya era patente el recrudecimiento del efecto de las lluvias.

La imagen más clara de esa forma de establecer prioridades de gobierno, donde lo importante siempre puede esperar, se encontraría en los conspiradores cuya misión es colocarse del otro lado de la puerta, e impedir a contrafuerza la posibilidad de los que vienen deseosos de superación real. Se oponen a la gente que ansía completar una carrera profesional en el menor tiempo posible, incorporarse al mercado de trabajo, recibir la cosecha de sus esfuerzos académicos, y así continuar con un proyecto de familia propia,  de ser útil a su núcleo original, a  la comunidad de la que forma parte, y al propio  país con el que siente una deuda de afectos desde la infancia.

Continuando con el ejemplo anterior, resulta difícil imaginar que los fines detallados no sean compartidos por las mayorías juveniles, adultas, y por las autoridades públicas, hasta que esos  planes reconocidos como encomiables universalmente, por otra parte reciben los torpedos del premeditado sabotaje de los grupos que actúan impunemente, modelando viejos roles de burda insensatez.  El eternizado proyecto sería la paralización de universidades autónomas, el sometimiento a la  corriente ideológica que circunstancialmente es gobierno ahora y, a punta de pedradas, encapuchados, y disturbios contra la paz ciudadana  revivir tácitamente la expresión de “Muera la Inteligencia” escuchada en España bajo el régimen de la dictadura franquista.

Regresando a la tragedia de Vargas de 1999, para la fecha en que se cumplieron los primeros cinco años, luego los diez, abundaron los informes sobre la deficitaria gestión oficial en establecer correctivos topográficos y de infraestructura para impedir la repetición de daños por las mismas causas. Todavía peor, se denunciaba que aún no se solventaba la precaria situación de muchos damnificados que seguían aguardando por soluciones definitivas a sus penurias.

En este Diciembre de 2010, el aplazamiento de lo importante se puso de manifiesto desde mediados de Noviembre, cuando se remacharon los clamores de ayuda. Otra vez, las precipitaciones aumentaron sensibilidad de terrenos, causando deslizamientos, y afectaciones de estructuras viales y viviendas. La improvisación y la provisionalidad resumirían los recursos oficiales preferidos para atender este capítulo de esa desgracia anunciada cada año. Sin sabotaje contra lo establecido la tarea no quedaría completa y, ahora, se ha echado manos a instalaciones privadas con costo exclusivo para sus dueños, sin solución de futuro para esos activos cuya tenencia se desalienta a la par que se propinan pérdidas, mientras las correcciones oficiales importantes permanecerían en la lista de espera.

En las últimas semanas, el foco del poder ejecutivo se puso en la designación de un nuevo general en jefe por su revelación del matrimonio del estamento armado con el régimen bolivariano, por encima de consultas electorales en las que pudieran triunfar alternativas distintas a las suyas. Otras prioridades fueron el proyecto para la inhabilitación de 67 diputados de oposición electos a la Asamblea Nacional que se instala en Enero de 2011, la eliminación de las organizaciones no gubernamentales, la regulación del acceso a Internet como en las dictaduras más perceptibles, y en la intensificación de amenazas de cierre del canal de noticias Globovisión, o su asalto accionario, de forma sumaria cualquiera de ellas, sin procesos ni justificaciones judiciales libres de acusaciones de malicia por los expertos en la materia.

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